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Gobierno vuelve a presionar a la banca

Por José Samaniego Ponce

Como ha sido tradicional en la política económica de este gobierno, diciembre es mes de paquetes económicos. Esta vez, el Consejo de Regulación Monetaria, emitió en días pasados algunas disposiciones para regular la liquidez del sistema, modificar la operación de los fondos de liquidez y para fijar el precio de algunos de los servicios que prestan las instituciones financieras en el Ecuador.

Por cuerda separada, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional, un proyecto de ley para gravar las ganancias extraordinarias en la compra – venta de inmuebles en el país, estableciendo una tasa “confiscatoria” del 75%.

En lo monetario, el gobierno incrementó el encaje en 3 puntos porcentuales para los mayores bancos del país, lo que significa una reducción del circulante de aproximadamente 680 millones de dólares y paralelamente, les obligó a traer al Ecuador recursos que permanecían en el exterior como garantía de depósitos, por alrededor de 350 millones.

Variación anual de los depósitos y el crédito bancario

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Fuente: Superintendencia de Bancos – Elaboración: Multienlace

El gobierno sostiene que en este año ha existido un incremento importante de la liquidez de los bancos (11%), que no se ha canalizado en forma paralela al crédito (0.02%). Utilizar el encaje bancario para “moldear” las necesidades de liquidez del sistema es un instrumento de política monetaria muy común en las economías modernas. Pero la percepción que se tiene (por las evidencias demostradas), es que este incremento del encaje va a servir para que el Banco Central compre bonos del Estado, es decir le preste al gobierno, para que éste lo utilice para gasto corriente, como ya lo ha hecho en este 2016, por cerca de 4.200 millones de dólares.

El gobierno se niega a enfrentar un ajuste del gasto público, quizás por intereses electorales y recurre a estos artificios de política económica cuyo objetivo principal (considerando además el proyecto de ley) es extraer recursos del sector privado para canalizarlos al gobierno. El supuesto detrás de esta filosofía es que el gobierno asigna más eficientemente los recursos en la economía que el sector privado.

Esta falacia, ha sido superada por la teoría económica desde hace mucho tiempo, pues existen suficientes evidencias en contrario. El daño y la magnitud de la brecha que se acumula para los próximos años se sigue incrementando y con ello se pone cada vez en mayor riesgo el actual sistema de dolarización.