La real situación del sector fiscal y su perspectiva futura se han enrarecido en las semanas recientes.
La situación fiscal en el ojo del debate
Por José Samaniego Ponce
La real situación del sector fiscal y su perspectiva futura se han enrarecido en las semanas recientes. Algunos hechos han generado esta percepción poco clara de la población.
El antecedente inmediato es que en los últimos días del gobierno anterior, el presidente Correa dijo que entregaba el gobierno a su sucesor “con la mesa servida” en el tema económico, debemos entender que quiso decir, con una situación fiscal manejable. Pero a los pocos días de posesionado, el presidente Lenin Moreno contradijo a su predecesor y afirmó que la mesa “está muy lejos de estar servida” y que la situación fiscal y de endeudamiento público es crítica. Acto seguido el gobierno emitió un decreto de austeridad y optimización del gasto público con la finalidad de reducir el déficit, para irlo reduciendo paulatinamente, según funcionarios del régimen, hasta eliminarlo en el año 2021.
En octubre se produjeron dos hechos adicionales. Uno es que el gobierno envió a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para el 2018, que según el equipo económico reduce el gasto en un 5.3% respecto al presupuesto aprobado del 2017, pero que analizado con mayor detenimiento (Observatorio de la Política Fiscal, Cordes, Multienlace) no plantea un ajuste proporcional a la magnitud del desequilibrio, tiene inconsistencias, subestima los gastos de amortización y probablemente los ingresos tributarios.
El segundo es evento relevante fue que a fines del mes de octubre, el gobierno anunció nuevas operaciones de crédito por más de 4.200 millones: 3.000 millones en bonos colocados en el exterior, endeudamiento con el FLAR, una Operación de swap de oro y financiamiento con Banecuador a través de CETES.
Finalmente, en este mes de noviembre, el Presidente envió a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Para la Reactivación Económica del Ecuador, que plantea reformas a varias leyes de carácter tributario, societario, aduanero, de valores, etc. cuyos aspectos negativos superaron a los positivos y que finalmente tuvo que ser reformulado por la oposición de los sectores productivos y de ciertas instancias del propio gobierno. Pero lo más grave de este proyecto es que además de las señales contradictorias que daba a la inversión privada y el crecimiento económico, tiene un efecto recaudador muy limitado y que, nuevamente, no guarda proporcionalidad con la magnitud del desequilibrio fiscal.
Resultado Global SPNF
El gobierno sostiene que el año 2017 el déficit cerrará en alrededor de 4.300 millones de dólares. Analistas independientes piensan que no será inferior al 5.5% del PIB y que las necesidades de financiamiento del sector público sobrepasan los 10.000 millones de dólares. Dos visiones distintas de la situación fiscal: el gobierno que parece optar por más endeudamiento y un ajuste gradual, mientras que el sector productivo demanda una reducción del aparato estatal más agresivo y mayores incentivos para la inversión privada.